SURda

 

 

Mejorar la comprensión lectora: un imperativo.

Por Gastón Grisoni (*)

13.04.11

La reciente sentencia de la CIDH en el caso presentado por Juan y Macarena Gelman tiene una enorme importancia. Es una sentencia relacionada a un caso específico que fue sometido a su consideración y de cumplimiento imperativo en plazos perentorios de tiempo.

La sentencia admite, además, otras lecturas más amplias, que seguramente no serán realizadas por el actual gobierno si las organizaciones de la sociedad civil, como Crysol, no colaboran activamente para que la lleve a cabo y, además, actúe en consecuencia.

La experiencia institucional  ha demostrado, sin necesidad de recurrir a las pruebas Pisa, que la comprensión lectora en materia de cumplimiento de las obligaciones en asuntos de DDHH deja aún mucho que desear.

Como lo señala la Convención Americana de DDHH, los Estados tienen la obligación de respetar las libertades y los derechos de las personas y de garantizar su pleno ejercicio. Cuando los Estados no cumplen con sus cometidos, cuando, asimismo, son ellos y sus agentes quienes cometen las violaciones graves a los DDHH tienen la obligación de reparar de una manera integral.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es un instrumento jurídico internacional que detalla de una manera pormenorizada las obligaciones de los Estados al respecto.

La resolución de la CIDH en el caso Gelman, pone claramente de manifiesto el incumplimiento del Estado uruguayo en múltiples aspectos y ha dado razón, aunque no se mencione, a los planteos que Crysol viene realizando desde hace ya muchos años.

El Estado uruguayo tiene que cumplir con sus obligaciones en el caso específico en que adoptó resolución la CIDH, pero debe eliminar todos los obstáculos para que puedan ser investigadas todas las violaciones a los DDHH ocurridas durante el Terrorismo de Estado.

El Estado no solamente tiene que eliminar los obstáculos legales para las investigaciones sino que además como Estado debe investigar por si mismo para esclarecer las mismas. El Estado uruguayo debe adoptar, en forma imperiosa una participación activa y comprometida en el esclarecimiento de las mismas.

El Estado uruguayo debe mirarse en el espejo de la realidad argentina, sin ir muy lejos, y pasar a jugar un rol comprometido con la Verdad y la Justicia y, mediante las herramientas que se consideren más apropiadas, pasar a ser un Estado militante, un Estado querellante persiguiendo judicialmente a los presuntos responsables.

Asumir públicamente y en forma oficial la responsabilidad por lo ocurrido con María Claudia García de Gelman es obligatorio en el caso, pero es también una deuda pendiente del Estado uruguayo para todas las víctimas del Terrorismo de Estado como reclama Crysol desde que presentara su proyecto de ley de Reparación Integral el 9 de julio de 2007.

El traspaso del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN), ex sede del Servicio de Información de Defensa (SID) a las organizaciones sociales lideradas por Crysol no puede dilatarse más, para transformarlo en un centro de Memoria y DDHH en homenaje militante a todas las víctimas del pasado reciente.

Revisar y readecuar la ley de reparación 18 596 en base lo dispuesto por la sentencia de la CIDH es un paso inexcusable por parte del actual gobierno para cumplir de buena fe y a cabalidad con lo resuelto por el organismo de la OEA. Incrementar los montos indemnizatorios de acuerdo al estándar de la resolución, incluir en las disposiciones de la misma a los niños y adolescentes de la época que eran familiares de las víctimas, incluir a todos los ex presos políticos en cuanto al resarcimiento, dar cumplimiento fidedigno a lo resuelto en el Artículo 10 de la ley asegurando la libre elección del prestador de salud para los beneficiarios, establecer que la Per del Artículo 11 de la ley 18 033 sea un beneficio sin exclusiones para los ex presos políticos, eliminar las disposiciones que obligan a renunciar a las jubilaciones y pensiones propias, son algunas medidas elementales y básicas que se deberían llevar a cabo por parte del Poder Ejecutivo que tiene la iniciativa constitucional al respecto.

La aprobación por parte del Senado de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad es un paso importante en el camino de acabar con la impunidad. Otros pasos más serán necesarios en los próximos meses.

La unidad, la organización, la movilización constante, amplia, variada, de nuestro colectivo de ex presas y ex presos políticos, como hasta ahora, pueden ser factores importantes para seguir avanzando. La participación de todas y de todos en esa batalla es decisiva. Crysol ha sido, es y será, la gran herramienta para ello y la que permitió lograr todo lo logrado.

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(*) Son opiniones de carácter personal y no reflejan ni comprometen, necesaria y obligatoriamente, las opiniones del colectivo que en ocasiones represento.